Costa Rica, América Central,

SAN JOSÉ-(Especial para The City Newspaper) El Organismo de Investigaciones Judiciales (OIJ), la policía al servicio del Poder Judicial costarricense, ha tenido un éxito significativo en el combate o mejor dicho, en la aprehensión de la delincuencia común, que se ha disparado en la última década hasta niveles impresionantes. Ese éxito se le puede atribuir a dos factores principales: 1. El territorio de Costa Rica, que es muy reducido, de apenas 50,900 kms2; y a la preparación que los investigadores han tenido en países como los Estados Unidos y otros del primer mundo desarrollado.

            Sin embargo, el OIJ, o sus jerarcas, si lo expresamos con mayor precisión, gustan de “los golpes de efecto” ante los ojos de la población y de la prensa, que reproduce fielmente esos actos que, si bien son legales y ordenados por el fiscal general, están reñidos con la dignidad de las personas a las que detienen en medio de un auténtico “circo”, pleno de humillación y maltrato, y por ende, con los derechos humanos, si lo vemos en su justa dimensión. Cada cierto tiempo, el OIJ pasea a los detenidos en los llamados camiones “perrera”, que no son otra cosa que vehículos herméticamente cerrados para trasladar a los apresados y convictos, escoltados por motociclistas de la policía civil, que hacen sonar sus sirenas cuando se desplazan por las calles y avenidas más céntricas de la Capital, mientras la gente se apila, se arremolina en las aceras, para disfrutar del espectáculo.

            En síntesis, para comenzar a detallar el último caso que se ha dado en Costa Rica, ese “show” gratuito, lo que pretende, en el fondo, es congraciarse con los medios de prensa y que el fiscal general de turno y el director del OIJ queden en “el pináculo” de la fama a nivel nacional y los telediarios los entrevisten hasta el cansancio y queden sus ansias desmedidas de publicidad, finalmente satisfechas. Y lo peor se da al día siguiente, cuando un juez, cualquiera de ellos, deja en libertad a la persona que han detenido, aunque “el carnaval del OIJ” ya ha sido llevado a cabo en desprecio y humillación del sospechoso.

El caso “barrenador” y el enfado del Presidente de la República

            En el centro de este nuevo escándalo en la realidad de esta nación centroamericana, está la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Sra. Marta Esquivel, quien fue detenida por los oficiales del OIJ, en Pérez Zeledón, cantón de la provincia de San José, al sur del país. Y para hacer el espectáculo al que nos referimos en la introducción de este reportaje, la trasladaron bajo el ulular de las sirenas policiales y dentro de uno de los carros llamados peyorativa y popularmente “perreras”. Luego, fue encerrada en una celda en los sótanos de los tribunales de justicia; y al día siguiente, fue dejada en libertad.

            Ante la escena anterior, el presidente de la República abrió un capítulo nuevo, al enfrentarse con el Organismo de Investigaciones Judiciales (OIJ), al decir que se les dio un trato inhumano a los jerarcas de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), que fueron detenidos; e insinuó que el OIJ pudo haber actuado movido por intereses políticos. De inmediato, el OIJ rechazó categóricamente las palabras del mandatario de los costarricenses, y su director general, Randall Zúñiga –un funcionario que consume gran cantidad de minutos apareciendo en los telediarios, pues es evidente que tiene debilidad por aparecer ante las cámaras de televisión de manera constante e intensa-, aseguró que las detenciones realizadas bajo su supervisión, se ajustaron a la normativa internacional de derechos humanos, lo cual certifica los procedimientos de la Institución. “No es cierto que Marta Esquivel (presidenta ejecutiva de la CCSS), haya recibido un trato diferenciado en comparación con otros detenidos en casos como ‘Diamante’ y ‘Cochinilla’”, expresó  Zúñiga.

            Al repasar los hechos recientes, un contingente de oficiales del OIJ, siguiendo órdenes del Ministerio Público (Fiscalía General), y de su director, allanaron la residencia de la presidenta ejecutiva de la CCSS, secuestraron posibles evidencias; y poco tiempo después, la Sra. Marta Esquivel se presentó ante las oficinas del OIJ en el cantón de Pérez Zeledón, y de allí la historia ha quedado grabada en el inconsciente colectivo de los costarricenses, al ver a la funcionaria cuando era trasladada en “la perrera” o vehículo de la sección de cárceles, bajo el sonido de estridentes sirenas de las motocicletas que escoltaban a la detenida y que de acuerdo a la argumentación de Randall Zúñiga, siempre ante las omnipresentes cámaras de la TV costarricense, “el procedimiento utilizado es el establecido bajo las normativas internacionales y auditado por la Asociación de Correccionales de América.” Por otra parte, el Ministerio Público informaba que la misma Sra. Esquivel tiene abiertas diez causas en los tribunales de justicia.

            ¿Pero por qué se le detuvo? Esa es la pregunta de fondo, sin duda. Se le acusa de participar en aparentes delitos de influencia en contra de la Hacienda Pública y por tráfico de influencias y el perjuicio económico para la CCSS sería por más de 12 mil millones de colones (moneda costarricense), al año, y en el “epicentro” de ese delito está la Sra. Esquivel, supuestamente.

            La voz del presidente de la República, Rodrigo Chaves, en conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, se dejó escuchar en este sentido: “¿Cómo vamos a pedir a los funcionarios que tomen decisiones valientes, cuando la fiscalía está atrás, matoneando y acosando con sus actuaciones inmorales e ilegales (…). Hemos vivido puntos negros en la historia democrática de Costa Rica, hemos sido testigos de cómo la fiscalía abusó de su poder, del músculo que tiene, para amedrentar e intimidar al gobierno de la República, deteniendo de manera arbitraria y amenazante a una alta jerarca del gobierno.” Manifestó un visiblemente enfadado mandatario del país.

            De acuerdo a su modo de ver las cosas, los acontecimientos últimos, y con él coinciden los costarricenses decentes que detestan el maltrato a las personas, “no se justifica de ninguna manera el trato que recibió Esquivel, quien fue trasladada desde Pérez Zeledón a San José en ‘una perrera’, como si fuera una integrante de un grupo narco o una sicaria. La fiscalía usó una detención mediática, absolutamente innecesaria, porque era suficiente con llamar a Marta (Esquivel), a presentarse en la audiencia; pero no… había, desde el punto de vista del plan, de las acciones de la fiscalía, que usar la fuerza del escándalo para atacarla a ella y al gobierno y así, amedrentar y asustar a los funcionarios públicos, diciendo que puede pasarles lo mismo.” En acto seguido, Chaves hizo énfasis en que el motivo por el cual se ordenó y se procedió a la detención de Esquivel, fue basado en una simple especulación por parte de la fiscalía y la policía judicial, ya que el contrato que investiga el fiscal no está en firme, se encuentra todavía en análisis de la Contraloría General de la República y no se ha comprometido ninguna cantidad de dinero del Estado, porque no ha sido ejecutado. “Todo esto es extraño, porque hay un principio básico del derecho, que es investigar (primero), para poder acusar y no al contrario.” Indicó un enojado presidente Rodrigo Chaves.

            En el llamado caso “barrenador”, se investiga a funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), por supuesta corrupción por un presunto sobreprecio de 12 mil millones de colones al año, en la adjudicación de contratos de administración de 138 EBAIS. Estos últimos son clínicas que pertenecen a la CCSS y que, en distintos períodos, han sido administrados por Instituciones que no pertenecen a la CCSS, como la Universidad de Costa Rica (su Facultad de Medicina), o la Universidad de Iberoamérica (UNIBE), especializada en Ciencias de la Salud. Y en esta oportunidad, la Junta Directiva de la CCSS estaba estudiando la posibilidad de poner en manos de algunas cooperativas, la administración de esas 138 clínicas o EBAIS, por un plazo de 10 años. Según el OIJ, los oferentes adjudicados fueron las cooperativas Coopesana, Coopesalud, Coopesiba, Coopesaín y Asemeco. En un comunicado, el OIJ dejó leer a la opinión pública que “de acuerdo con un informe preliminar, la investigación habría dado a inicio a principios del 2023, cuando al parecer miembros de la Junta Directiva de la CCSS anularon un cartel de licitación y a su vez, realizaron un nuevo procedimiento, en el que supuestamente estas personas habrían ejercido controles y aportes, con la finalidad de modificar las condiciones de este acuerdo, bajo los intereses de varias cooperativas de salud, que se encargarían de la administración de los EBAIS del país.” Es decir, miembros de la Junta Directiva de la CCSS, presuntamente, beneficiaron a las cooperativas arriba señaladas para que se hicieran con la administración de las clínicas y lo hicieron de manera dolosa y de espaldas a la legalidad que debería existir siempre en estos casos.

            El Ministerio Público también informó que decomisó durante los allanamientos de la policía judicial, casi 5 millones de colones en efectivo; y dio los nombres de los otros directivos que fueron apresados, lo mismo que la Sra. Esquivel. Ellos fueron: Zeirith Rojas (el de mayor edad, con 70 años); Johnny Gómez, María Isabel Camareno Camareno y Jorge Porras López. Esta fue una intervención de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, en la que se procedió a allanar 27 lugares que comprendieron la sede central de la CCSS, en San José; casas de habitación de los supuestos implicados y oficinas de las cooperativas arriba mencionadas, por los presuntos delitos de influencia en contra la Hacienda Pública, Prevaricato y Tráfico de Influencias.

Otras aristas del caso “barrenador”

            Una de las medidas que la fiscalía general de la República solicitó, fue la suspensión de su cargo de la presidenta de la CCSS, Marta Esquivel (lo mismo pidieron en las calles, en manifestaciones, los sindicalistas del sector salud costarricense); igualmente para otros cuatro directivos de esa Institución. Esta petición la hizo el fiscal a un juez penal y que procediera a inhabilitar a la Sra. Esquivel por espacio de unos seis meses, “porque ella podría intervenir en la investigación”, indicó la oficina de la fiscalía.

            Sin embargo, y en contraste con todo lo sucedido, las ocho personas que fueron detenidas (y paseadas por la Capital en “perrera”), fueron liberadas, ya que el Ministerio Público no pidió prisión preventiva contra éstas; aunque tendrán que presentarse una vez al mes a firmar ante el juzgado competente y tienen impedimento para salir del país. Esta situación, desde el punto de vista moral y humano, compromete el accionar del OIJ, ya que da la impresión de que todo fue “un circo”, una pésima obra teatral, cuyo único objetivo era humillar a las personas detenidas, hacerlas dormir en las celdas judiciales y luego liberarlas al día siguiente, sin cargo alguno.

            De acuerdo a la versión del Ministerio Público, lo que se investiga es un tráfico de influencias y delitos contra Hacienda; mientras que, en versión del ex diputado y ex candidato presidencial, Otto Guevara, quien es abogado litigante, con el contrato con las cooperativas, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) se ahorraría unos US$30 millones en salarios de los empleados, según el Estudio de Razonabilidad de Precios de Licitación, que asegura que los funcionarios de las cooperativas (beneficiadas con el contrato de los EBAIS), iban a laborar sólo 48 horas a la semana, mientras los trabajadores de la CCSS, solamente laborarían 44 horas en ese mismo período. Así lo hizo ver este político en su perfil de Facebook; y añadió: “esto demostraría no solo la incompetencia del Área de Contabilidad de Costos de la CCSS, sino también de la fiscalía en este tema.”

            Otra explicación dada por el Ministerio Público dice lo siguiente: “Se presume que los imputados anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y en su lugar, instruyeron uno nuevo, en el cual habrían ejercido control y, prevaleciéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones, de acuerdo a los intereses de las cooperativas. Lo anterior a pesar de que se determinó que las ofertas presentadas por las cinco entidades, eran excesivas, significando un incremento anual de más de 12,400 millones de colones respecto al costo actual de la prestación del servicio en ejecución en las mismas áreas de salud en igualdad de condiciones técnicas; es decir, que serían más costosos de lo que invertiría la CCSS si tuviera que asumir el servicio.” Las mismas autoridades judiciales sospechan que los miembros de la junta directiva de la CCSS sostuvieron reuniones con los oferentes (las cooperativas), lo cual pudo haber generado una ventaja indebida a éstos. El sobreprecio al que se refiere la fiscalía en la adjudicación de contratos a las cooperativas de la salud para la operación futura de los EBAIS, tiene un sobreprecio del 33 por ciento.

            Además, la decisión de beneficiar a las cooperativas la tomaron solamente seis directivos de la CCSS, cuando hacía falta el nombramiento de un funcionario (la junta directiva, de acuerdo a la reglamentación interna de la Institución, no podía sesionar al faltarle un miembro). Finalmente, la licitación se adjudicó por un monto de 178 mil millones anuales; y fue una decisión que se tomó a pesar de que existían recomendaciones técnicas para declarar infructuoso ese proceso.

            Los EBAIS o clínicas que la CCSS puso en manos de las cooperativas, están ubicados en Escazú, Santa Ana, Pavas, Desamparados 2, San Francisco-San Antonio, Tibás, La Carpio-León XIII, San Sebastián-Paso Ancho (en la provincia de San José); y en Barva y San Pablo (en la provincia de Heredia).

            Una de las últimas informaciones concedidas por el OIJ, indica que algún alto funcionario de la CCSS borró preliminarmente unos 300 archivos, unos cuatro elementos incluidos en OneDrive, durante los allanamientos de la policía judicial. Randall Zúñiga, director del OIJ, aseguró incluso, que se estaba valorando pedir ayuda internacional para recuperar la información que hicieron desaparecer premeditadamente. Es por eso que, en su opinión, no se podía citar a las personas involucradas a una audiencia y era necesario efectuar los 27 allanamientos tal y como se hicieron y que causaron las detenciones de ocho directivos de la CCSS, incluyendo a la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel: “Este tipo de acciones criminales orquestadas, refuerzan la tesis del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial, de que los allanamientos en el caso ‘barrenador’ eran totalmente necesarios, mismos que fueron avalados por un juez de la República y que no es posible en estos casos de presunta corrupción, citar a los imputados para que se presenten a declarar a un despacho judicial, ya que esto alertaría a todas las personas involucradas y podrían eliminar pruebas como ya sucedió lamentablemente en este caso.” Expresó textualmente el director del OIJ.

            En la sede de la CCSS, los allanamientos comenzaron a las 7:00 de la mañana, específicamente en la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones, donde dio inicio el respaldo de las cuentas electrónicas de las personas involucradas en este caso y, a solicitud de las autoridades judiciales, se deshabilitaron las cuentas de correo de los funcionarios imputados en esta causa. Fue cuando nuevamente el director del OIJ, Randall Zúñiga, explicó a los periodistas: “Al momento de revisar que el proceso de descarga (de las computadoras), continuara correctamente este miércoles 25 de septiembre, se encontró que en una de las cuentas, perteneciente a uno de los masculinos, se generaron errores en la sincronización de archivos, siendo que al revisar la bitácora, se observó que había cuatro elementos eliminados en el OneDrive y preliminarmente al menos unos 300 archivos del correo electrónico. Al revisar lo sucedido, se determinó que el correo fue habilitado sin autorización judicial posterior al bloqueo realizado durante el allanamiento, utilizando para ello el usuario y clave de un alto funcionario que tiene la capacidad de habilitar cuentas de correo.” Agregó a esta información que “el funcionario no estaba trabajando, por estar en período de vacaciones, por lo que se sospecha que alguien más accedió a las credenciales de este funcionario para habilitar los permisos sobre el contenido en cuestión de una de las personas imputadas. La revisión interna de los IPs apunta que el borrado lo hizo una persona dentro de la misma CCSS, pero desde una terminal del hospital Max Peralta, en Cartago. El Organismo de Investigación Judicial va a trabajar con todas las herramientas forenses que tiene a su disposición, para recuperar esos correos y archivos, y en caso de no contar con la tecnología disponible, se solicitará asistencia internacional para que no quede impune este tipo de situaciones.” Advirtió.

            Y desde la Asamblea Legislativa o Parlamento costarricense, la diputada Pilar Cisneros Gallo, jefa del grupo parlamentario del gobierno (oficialista), calificó la detención de la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, de “montaje político”; y se trató de una acción que no se puede justificar por un caso de prevaricato: “En décadas, no recuerdo que una persona haya sido detenida por ese delito en la función pública. Los están acusando de prevaricato, que consiste en dictar resoluciones contrarias a la ley o basadas en hechos falsos, pero yo pregunto una cosa: ¿Acaso había alguna posibilidad de que evadieran la justicia o que dificultaran la investigación? Ninguna, ninguna. (…) Las autoridades judiciales pueden llegar al fondo de la investigación y las autoridades de la CCSS dijeron que darían toda la información. Lo que hay es un montaje político. Es un montaje del Poder Judicial, queriendo amedrentar a la gente que está participando en estas decisiones valientes, para evitar que 130 EBAIS quedaran fuera de servicio. Es una completa barbaridad.” Manifestó Cisneros.

            En un intento por concluir sobre este caso, que más bien parece estar comenzando, el gobierno de la República, por segunda ocasión, se refirió a este tema por medio de la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, y estas fueron sus declaraciones. “Nosotros como sociedad, debemos evitar que la fiscalía haga uso de su fuerza para paralizar al gobierno, a través de un hostigamiento ilegítimo. El gobierno no va a aflojar. Esperamos que el gobierno esté alerta y vigilante, porque estamos ante una amenaza sin precedentes en la historia de nuestro país. Luego de una conversación extensa y detallada con el presidente de la República, vengo a darles la posición del gobierno ante los actos de abuso de poder, que llevaron a la detención de miembros de la junta directiva de la CCSS, incluida su presidenta, Marta Esquivel. Todos los funcionarios de este gobierno, estamos dispuestos a responder ante cualquier investigación. El pueblo, la democracia y el gobierno no debemos tolerar abusos de poder de parte de ninguna Institución pública, en este caso, de la fiscalía general. No significa recibir dádivas, propinas o cualquier acto de corrupción. ¿Cómo es posible que la fiscalía argumente prevaricato, cuando la adjudicación del contrato no está en firme y apenas está en revisión de la Contraloría y no se ha pagado ni un solo colón? ¿Cómo habría prevaricato si ningún tribunal contencioso ha declarado ningún acto ilegal y, sobre todo, cuando la adjudicación del contrato no está en firme?” La ministra acusó al Ministerio Público de montar un “show” y sensacionalismo y las acciones de la fiscalía son absurdas desde cualquier punto de vista legal y moral, “además de abusivas.”

            Tal es la situación. Así se han dado los hechos que apenas están en su fase inicial y se esperan más acciones en los próximos días. Por el momento, lo que existe es una fuerte sospecha por parte de la fiscalía contra la junta directiva actual de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), en el sentido de que entregó los EBAIS o clínicas a las cooperativas “de espaldas a la legalidad”; pero el presidente de la República y su ministra de la Presidencia, aseguran que no se ha concretado nada porque el contrato está todavía en manos de la Contraloría, que lo está estudiando apenas. Lo que sí ha quedado en firme es la actuación violenta y reñida con el Estado de Derecho que casi siempre ha prevalecido en Costa Rica, cuando el OIJ entró a empellones a las oficinas y casas de habitación particulares, para trasladar, después de las detenciones, a los funcionarios en los carros llamados “perreras” (que son para los delincuentes comunes), cuando no hay nada demostrado contra estos funcionarios Estatales. En el futuro, ellos mismos podrían demandar a la fiscalía y arrancarle una fortísima cantidad de dinero, para resarcir los daños morales. Eso podría darse.

            La prepotencia y “el teatro” han sido evidentes en el OIJ, su director Zúñiga y el fiscal general, mientras a otros encausados y comprobados delincuentes los dejan llegar a los tribunales en sus propios autos, vestidos elegantemente y con falacias en sus labios, diciéndose “inocentes.” Sino recordemos a la ex defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum, manifiesta culpable de una severa, cuantiosa y gravísima defraudación a Hacienda y nunca se le apresó ni dos horas siquiera. Incoherencias del sistema judicial costarricense o ¿dinero “pagado a los jueces y fiscales por debajo de la mesa”? ¡Vaya usted a saber! Así sucedía en la época de los gánsteres en los Estados Unidos, allá por las décadas de los 20, 30 y 40.

            El Poder Judicial de Costa Rica ha quedado nuevamente en entredicho: muy severo con unos y muy indulgente con los otros…