La Fiscal General de Guatemala, Consuelo Porras, se Aferra a su Cargo por Temor a la Extradición a los Estados Unidos
CIUDAD DE GUATEMALA-(Especial para The City Newspaper) Es posible que la noticia más frustrante que ha recibido Bernardo Arévalo de León, el nuevo mandatario guatemalteco, en estos primeros meses de su gobierno, haya sido que no puede remover de su cargo a la fiscal Porras y por lo tanto, no puede procesarla por corrupción y otros ilícitos que ha cometido esta prepotente mujer que intentó tanto y por todos los medios a su alcance, para que Arévalo no asumiera la presidencia de Guatemala. “Ella es la responsable de intentar fraguar un golpe de Estado en mi contra el año pasado (…).” Dijo el propio jefe de Estado hace pocos días. Así mismo, le pidió su renuncia al cargo como fiscal general de la República, pero ella no atendió a su petición y no emitió comentario alguno al respecto. Además, el 24 de enero pasado, Arévalo la invitó a una reunión, pero ella tampoco asistió a ese encuentro y enunció que “yo no estoy supeditada a ningún poder del Estado y tampoco puedo conversar sobre investigaciones que están en curso.” En una demostración más de su arrogancia y prepotencia, nunca antes vista en esta nación centroamericana.
El 29 de enero siguiente, el mandatario la volvió a invitar, esta vez a la reunión semanal del Gabinete presidencial y ella asistió, pero se retiró rápidamente, alegando que no quería “incurrir en ilegalidades.” Evasiva, fugaz, huidiza, escapista, nada accesible y siempre enemiga, mortal enemiga, del presidente Bernardo Arévalo, a quien teme abierta y desvergonzadamente, por el hecho de que él aseguró en campaña política que iba a combatir a la enorme corrupción que hay en el Ministerio Público (del que es jefa Consuelo Porras), y en todas las dependencias del gobierno donde se hallen los practicantes de esa corrupción.
Habrá que encontrar otras opciones…
Ante el escapismo de Porras, el mandatario deberá idear el cómo, el dónde y el cuándo, para alejarla de la fiscalía general y después, llamarla a proceso; y según los entendidos y conocedores de la realidad de este país, es muy factible que Consuelo Porras sea condenada, porque ella es una de las funcionarias más corruptas que hay en Guatemala.
Cuando la mujer abandonó al Consejo de Gobierno al que había sido invitada, alegó, por medio de su departamento de prensa, que había abandonado el sitio de la sesión porque “era ilegal (su permanencia allí), porque para eso, primero tuvo que elaborar (el presidente de la República) un acuerdo gubernativo, crear un consejo especial y establecer los temas a tratar. Arévalo cerró la reunión y se inició como reunión de Gabinete (…), la misma no reunía las condiciones legales establecidas en la Ley (…) se les hizo ver las deficiencias jurídicas que hacían inviable llevar a cabo una reunión de Gabinete específico.” Por eso se marchó ipso facto. En contradicción con sus palabras, Javier Monterroso, exsecretario general del Ministerio Público (MP), durante la administración de Claudia Paz y Paz, indicó: “Fue un tecnicismo bien rebuscado de parte de Porras, pero simple y efectivo. Pudo salir bien librada del tema, porque con eso dio cumplimiento a la citación, a la ley orgánica, pero tampoco se expuso.”
Una vez que la mujer se hubo marchado del Palacio de Gobierno en clara huida, a sabiendas que si se quedaba allí, su situación hubiera empeorado mucho más, tanto desde el punto de vista de su puesto como fiscal, así como desde el ángulo de la prensa, que hubiera publicado extensos y sustanciosos artículos acerca de su discusión con el presidente, quien, al final de la reunión ministerial y en conferencia de prensa, advirtió que el gobierno que él preside va a examinar acciones legales contra la fiscal. También, buscándole una salida a la posición de Consuelo Porras para que dimita y sea procesada judicialmente a posteriori, un grupo de diputados presentó ante el pleno del Congreso, una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP), y procurar la remoción de la fiscal general de su cargo. El texto fue remitido para su trámite a una comisión de trabajo, que tiene 45 días para analizar, corregir o sugerir cambios o retornarla al pleno para su discusión. Después, la iniciativa deberá contar con 107 votos mínimos a favor, de los 160 legisladores, para su aprobación. Esta podría ser una opción para deshacerse de la presencia de la fiscal Consuelo Porras, pero llevaría tiempo en la Cámara diputadil, porque tendría que ser presentada (tal y como fue hecho hace pocos días), revisarla, someterla a discusión en el plenario de sesiones, aprobarla o desecharla, según la decisión de la mayoría de los votos obtenidos de parte de los congresistas.
Expertos consultados sobre el tema, entre ellos la ex fiscal general Thelma Aldana, coinciden cuando dicen que el presidente de la República no debería tratar más de reunirse con Porras, “porque esto solo le generará un desgaste político y cumplir con la invitación en el Ministerio Público, no debería ser su prioridad. En todo caso, puede delegar en un representante o crear un consejo de ministros especial, para llevarla a su cancha (su terreno).” Indicaron. Para Roberto Alejos, ex presidente del Congreso y ahora en función de analista político, “esta es una batalla que responde todavía al resultado de las elecciones. Ella se va a atrincherar y a encontrar todos los argumentos legales para no irse del puesto. Si él encuentra cómo quitarla, ella va a meter un (recurso de) amparo, pedirá auxilio a las Cortes y vamos a seguir en esta judicialización absurda por un buen tiempo.”
¿Pero por qué Consuelo Porras tiene miedo de desligarse de su cargo como jefa del MP? Para comprenderlo, hay que recordar que en el 2022 ella fue incluida en la Lista Engel de actores corruptos, por el Departamento de Estado de los Estados Unidos; incluso, ella y su esposo tienen prohibición para ingresar en esa nación de Norteamérica. Es cuando Renzo Rosal, politólogo guatemalteco, aduce: “Si Estados Unidos pidiera, por ejemplo, su extradición, ese calibre de sanciones contribuiría a distensar el momento y provocaría una salida inmediata.” En otras palabras, Consuelo Porras es non grata en la fiscalía general de Guatemala por sus intentos, calificados por organismos internacionales y nacionales, “de socavar la democracia” y la persecución judicial que desató en los últimos años no solo contra Arévalo, sino contra defensores de derechos humanos, periodistas, jueces y magistrados. Es decir, esta mujer ha perseguido y ha hecho mucho daño a toda persona a quien consideró su enemiga y por esa razón, hace pocas fechas atrás, la secretaría general de la Presidencia recibió una petición de renuncia para Porras, firmada por 140,000 ciudadanos; pero ella respondió que no lo iba a hacer, no renunciaría y se mantendría al frente del MP hasta finales de mayo del 2026, cuando terminará su período en dicha plaza. Desalojar su Despacho significaría para ella, su esposo y los funcionarios que la han secundado en sus acciones ilegales, la detención inmediata por parte de la policía, el encarcelamiento, muy probablemente la extradición ante la petición de la embajada estadounidense en esta nación centroamericana o, si se quedara en Guatemala, el juzgamiento suyo en los Tribunales de Justicia guatemaltecos. Ella lo sabe. Por eso se aferra al cargo en el Ministerio Público, igual a “un náufrago a su tabla en altamar.”
Otro caso: el ex general Otto Pérez Molina
Fue presidente de Guatemala del 2012 al 2015, pero fue enjuiciado y hallado culpable por distintos cargos de corrupción e ingresó a la prisión militar de Mariscal Zavala, el 3 de septiembre del 2015. Empero, acaba de salir de su reclusión después de ocho largos años de estar en ella y al abonar una fianza por Q300,000 (Quetzales, moneda guatemalteca), equivalente a unos €37,500 (euros), y la entrega de dos viviendas como garantía por la caución económica de Q10,4 millones, por el caso de defraudación aduanera conocida como La Línea, por €1,3 millones. Desalojó su celda después de que se decretaron medidas sustitutivas a su favor y después de que fuera condenado el pasado 7 de septiembre del 2023, a ocho años de prisión conmutables, al aceptar haber cometido los delitos de fraude (2 años de castigo penal), cohecho pasivo (otros 2 años y 6 meses) y lavado de dinero u otros activos (3 años y 6 meses), en un caso de corrupción llamado “Cooptación del Estado.”
El ex militar y ex mandatario guatemalteco, Otto Pérez Molina, concedió, durante su gestión presidencial, y en el 2012, sin concurso público, a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), filial del Grup Maritim Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), un usufructo de 25 años para administrar 34 hectáreas del Puerto Quetzal, la mayor terminal marítima de Guatemala, ubicada a 100 kilómetros de distancia de la Capital. Por este mismo delito han sido procesados los empresarios españoles que participaron en la concesión, Juan José Suárez y Ángel Pérez Maura.
Pérez Molina aceptó que conversaba directamente con Pérez Maura, entonces vicepresidente de TCB, y tuvo contactos con Juan José Suárez, de TCQ, ambos acusados de haber entregado un soborno de US$4,2 millones al ex mandatario y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, a cambio de que le dieran a sus empresas el citado usufructo; es decir, lograr gestionar durante 25 años, prorrogables por otros 25, el principal puerto de Guatemala, donde planeaban construir una terminal de contenedores. Sin embargo, solo pudieron entregar a los dos políticos en el gobierno, US$4,2 millones a casa uno y antes de que entraran a prisión.
Retornando a la situación actual de Pérez Molina, el ex general ingresó a su vivienda en condición de arrestado domiciliario, una orden dictada por la jueza del Juzgado de mayor Riesgo B, Eva Recinos. Para que ello se produjera, tuvo que depositar la fianza de los Q300,000, abonados por el exmandatario en noviembre del año 2023. Fue encarcelado un día después de que renunció a su cargo como presidente de la República y luego de masivas manifestaciones en las calles de la Capital, de miles de ciudadanos que pedían un alto a la corrupción en las altas esferas gubernamentales. El pasado 20 de diciembre, un tribunal disminuyó el monto de la fianza por Q13 millones que podía pagar el prisionero para optar por el arresto domiciliario y pasó a ser Q10,4 millones. Para ejercer la cancelación, el ex presidente presentó como garantía al Organismo Judicial, dos casas que le pertenecen a familiares suyos y que están valoradas en la cantidad antes especificada. Ha quedado en libertad condicional, pero con prohibición de salir del país y debe asistir cada 30 días al Ministerio Público para el control telemático.
Cuando salieron a la luz los actos ilícitos, Otto Pérez Molina declaró a medios de prensa europeos que “en mi gobierno hubo corrupción, pero yo no cometí ningún delito,” pero tres juezas del Tribunal de Mayor Riesgo B de Guatemala, le impusieron una pena de ocho años de prisión, lo mismo que a su ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, por cada uno de los dos delitos por los que fueron hallados culpables y condenados: un fraude millonario en tres aduanas, conocido como el Caso La Línea. Fue una pena muy inferior a los 30 años que pedía la fiscalía, debido a que ambos personajes de la política guatemalteca fueron absueltos del delito de enriquecimiento ilícito. Un capítulo más de la peliaguda situación de corrupción que campea en casi todas las esferas de la administración pública de Guatemala.
El Hambre y la Pobreza, los Sempiternos Problemas de Guatemala
TERRITORIO NACIONAL-(Especial para The City Newspaper) Es un país impresionante por varias razones, pero en especial por el riquísimo legado maya que ostenta su población que se mantiene indígena y con una pureza absoluta. Solo convive aquí un escaso 5 por ciento de personas blancas o “ladinas”, como suelen llamar los guatemaltecos a aquellos que no son aborígenes. Es una nación para visitar una vez y volverla a visitar dos, tres y cuatro veces más, debido a su encanto cultural.
No obstante –y es muy evidente en su población-, la pobreza, que es la base del hambre, una de las mayores calamidades de la humanidad de todas las épocas, y que siempre ha atacado a los guatemaltecos, mientras una reducida porción de sus pobladores, viven en la más apabullante riqueza y viajan constantemente a los Estados Unidos y Europa en misiones de negocios o placer, cuando la inmensa mayoría de los guatemaltecos sufren de inseguridad alimentaria.
Según una ONG especializada, 4,6 millones rozan la miseria
Es la Organización No Gubernamental OXFAM, la que ha publicado esa cifra de personas, quienes enfrentan en la actualidad gran inseguridad alimentaria y la situación tiende a agravarse debido a los estragos que siempre ocasiona el fenómeno climático de “El Niño.” De acuerdo a los análisis de esta ONG, el panorama en Guatemala y su pueblo es dramático, más aun cuando seis menores de dos años han muerto por desnutrición aguda en el último mes y la agricultura de subsistencia está amenazada por la misma razón del clima.
En el último aspecto, “El Niño” causó, en años anteriores, pérdidas en los cultivos de maíz –base de la alimentación de los guatemaltecos sencillos-, y frijol y la perspectiva que en estos momentos se presenta indica que “hay una probabilidad significativamente alta de que ‘El Niño’ pueda formarse (y golpear al país), entre mayo y julio próximos.” Aquí es importante recordar que este fenómeno se caracteriza por condiciones extremas, con altas temperaturas, sequía o lo opuesto… inundaciones que afectan principalmente el corredor seco, una región semiárida de Centroamérica muy susceptible de padecer este tipo de contrastes, al depender del comportamiento de las lluvias durante el año.
Es por esas razones que la ONG señala que unos 4,6 millones de guatemaltecos rozan la línea que los separa de la miseria y del hambre y que están en inminente peligro de sucumbir en los próximos meses. En lo que respecta a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la sola presencia de “El Niño” es una amenaza para la agricultura, independientemente de su intensidad, porque, en el pasado reciente, fenómenos débiles han causado pérdidas considerables en el sector agropecuario. Así por ejemplo, en el 2018, provocó una canícula prolongada, con ausencia de lluvias por espacio de 40 días y derivó en pérdidas por US$44 millones en la producción de maíz, de acuerdo a un estudio hecho por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Alimentarios. Es cuando expresa Raúl Maas, investigador de la Universidad Rafael Landívar: “Las condiciones climáticas son más bien un agravante adicional a la desigualdad, exclusión y falta de políticas económicas para favorecer el desarrollo de las personas en situación de pobreza, principalmente las que viven en áreas rurales.”
La pobreza y el hambre en cifras frías
Estos son los números “en frío” que arroja la realidad de Guatemala: en los territorios apartados de las grandes ciudades, ha habido casos de desnutrición en seis niños muy pequeños, menores de 2 años, quienes fallecieron a raíz del déficit alimentario. Ello sucedió el 23 de abril anterior; y en el 2022, la desnutrición aguda causó la muerte de 18 pequeños menores de cinco años.
A mediados del mes pasado, abril del 2023, se ha podido contabilizar un aumento de 2,287 casos (un 44 por ciento), de desnutrición aguda con respecto al año anterior, de acuerdo con los reportes del Sistema de Información Nacional se Seguridad Alimentaria y Nutricional (SIIBSAN), dependencia del Ministerio de Salud de Guatemala. Para Iván Aguilar de la ONG OXFAM Centroamérica, “la población que ya está en una situación de inseguridad alimentaria precaria, que requiere apoyo Estatal y de otros actores para acceder a la alimentación básica, se verá afectada por el fenómeno de ‘El Niño.’”
Ciertamente, el Ministerio de Agricultura de esta nación dispone de programas de seguro agrícola, estipendios y semillas mejoradas, con un presupuesto cercano a los US$20 millones para el año actual; pero se desconoce la magnitud y el alcance territorial que tendrá el impacto del fenómeno de “El Niño” en los próximos meses, principalmente en el corredor seco que será la región que presente mayores problemas este año y donde vive el 80 por ciento de los guatemaltecos en condición de pobreza, con un 30 por ciento en pobreza extrema. Para colmo de males, esta región no tiene abastecimiento de agua potable, ni el acceso a los servicios de salud y educación y en el caso de que lo hubiere, sería muy limitado y a cargo de las organizaciones de ayuda humanitaria.
¿Y dónde están los políticos y los dueños de la riqueza en Guatemala? Los primeros utilizan las precarias condiciones de los pobladores, para “comprar” sus votos ante la proximidad de las elecciones a nivel nacional. Es una ironía que esas personas puedan comer decentemente gracias a la campaña, ya que los candidatos les regalan víveres, utensilios o dinero. De tal manera, muchísimas familias guatemaltecas que no pueden tener siquiera US$30 para comprar dos botes de leche en polvo para alimentar a sus bebés durante un mes, con la presencia en sus ranchos de los candidatos a la presidencia, pueden ver sufragados esos gastos perentorios. Evidentemente es parte de la demagogia que siempre aparece en estas fechas, cuyo único objetivo es captar votos a favor de uno u otro postulante a la Casa de Gobierno.
Por otra parte, cada cambio de gobierno en Guatemala representa un problema para las personas más vulnerables, atacadas por la pobreza, ya que se profundizan las debilidades Institucionales para responder a las necesidades de la población, ya que cada gobierno cambia a muchos miembros del personal técnico, conocedor de las necesidades sociales que hay en el país y el funcionamiento de la asistencia social.
Y en lo que atañe a la clase poderosa económicamente de esta nación, su actitud con respecto a la pobreza es de total indiferencia. Los ricos viven “en un mundo aparte”, apoyados en el ejército que defiende sus propiedades (mansiones y terrenos), e, incluso, los presidentes que ostentan el poder, provienen de esta misma clase poderosa, lo cual hace que los millonarios guatemaltecos sostengan las riendas gubernamentales en su propio beneficio. No piensan en los que menos tienen, no les importa la pobreza extrema ni las muertes por desnutrición de los niños y prefieren “volver sus rostros al lado contrario” antes que involucrarse en ayudar a la clase social baja. Sin embargo, hay que hacer hincapié en que tampoco el comunismo es la solución para Guatemala, como nunca lo ha sido para ninguna nación alrededor del mundo, porque, entre otras aberraciones, lo que hace el marxismo es arrebatar la riqueza de los magnates, la entrega a los dictadores, y reparte la miseria entre todo el pueblo al que, además, obliga a prestar el servicio militar obligatorio y participar en guerras y guerrillas en otros países. Hechos comprobados a lo largo del trajinar de la humanidad y que nunca han representado soluciones y, por el contrario, han acrecentado las necesidades, las miserias y la falta de condiciones elementales para vivir con un poco de dignidad.
